El arquitecto municipal califica de “chapuza” la valoración del justiprecio propuesto por el Ayuntamiento para la expropiación de la Nave de Galisteo

El arquitecto municipal, Antonio Moya, durante la presentación de uno de sus libros (FOTO: cedida)
photo_camera El arquitecto municipal, Antonio Moya, durante la presentación de uno de sus libros (FOTO: cedida)

Considera que la cifra propuesta por la familia Pavón Jurado, casi el doble de lo estimado por el SAU, se ajusta más a la realidad

CABRA, 26/05/2017

El arquitecto municipal, Antonio Moya, durante la presentación de uno de sus libros (FOTO: cedida) El arquitecto municipal, Antonio Moya, durante la presentación de uno de sus libros (FOTO: cedida)[/caption]

El polémico proceso de expropiación de una antigua nave ubicada en el número cinco de la avenida de Andalucía de Cabra, conocida popularmente como la Nave de Galisteo, sigue sumando capítulos. Si la pasada semana tanto el alcalde egabrense, el popular Fernando Priego, como su compañero delegado de Obras en el Ayuntamiento, Juan Ramón Pérez, denunciaron públicamente la presunta agresión sufrida por este último a manos de uno de los hijos de la familia Pavón Jurado -propietaria del inmueble objeto de expropiación-, que posteriormente desmintió a través de un comunicado los hechos pidiendo la publicación de las grabaciones de seguridad del edificio consistorial con objeto de esclarecer el suceso, ahora se suma la opinión de una persona que pese a ser la máxima autoridad municipal en el ámbito urbanístico parece haber sido testigo del proceso pero, en este caso, desde la barrera.

Se trata del arquitecto municipal, Antonio Moya Somolinos, que en un extenso e interesante reportaje concedido a nuestros compañeros del digital Sur de Córdoba puso sobre la mesa su particular visión, como profesional y técnico responsable del urbanismo en el municipio, de un caso que, a todas luces, ha trascendido en los últimos tiempos de lo meramente administrativo.

noches mágicas whatsapp-Atica

“El Ayuntamiento no ha contado conmigo”. Así de tajante se mostró el arquitecto municipal al asegurar que en ningún momento el equipo de Gobierno popular tuvo en cuenta su “opinión profesional” en torno a un proceso en el que, como tal, mantiene algunas discrepancias. Una de ellas, que se postula como el principal motivo de disputa entre el Consistorio y la propiedad, es la valoración del precio de expropiación del inmueble. Cifra que, tras las primeras estimaciones presentadas por ambas partes, ascendía para la familia Pavon Jurado 409.206 mientras que el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba, a instancias de la encomienda de gestión solicitada por el Ayuntamiento egabrense -que en un principio aún emitió una valoración inferior-, lo fijó en 191.723 euros sin contar derecho de afección. Un asunto que acabó en manos de la Comisión Provincial de Valoraciones que el pasado mes de abril resolvió cerrar el justiprecio en 205.009 euros, montante a todas luces injusto para la familia que trasladó el proceso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a modo de recurso en octubre del pasado año, y días después de la resolución del organismo colegiado dependiente de la Junta de Andalucía convirtió en demanda contra el SAU y el Consistorio.

Nave de Galisteo (FOTO: archivo) Nave de Galisteo (FOTO: archivo)[/caption]

“Pienso que la valoración buena fue la que presentó la propiedad y el informe que presentó el SAU es una chapuza integral”, sentenció el arquitecto municipal, quien justificó esta afirmación en un caso similar en el que su opinión sí ha sido tenida en cuenta por el Consistorio. Concretamente, Moya se refirió al expediente de compraventa de un solar ubicado en la calle Julio Romero en el que se prevé construir un aparcamiento público de vehículos. Ambos solares “están en una situación muy parecida”, comentó, de tal forma que “el precio de suelo que yo he propuesto para el parking es más o menos el mismo” que los técnicos reflejaron en la hoja de aprecio presentada por los Pavón Jurado.

“La valoración la he hecho yo y el Ayuntamiento lo ha aprobado”, indicó el arquitecto quien también mostró su opinión sobre las sospechas que manejan los propietarios en torno a la posible presencia del actual delegado de Obras -y anterior de Urbanismo-, Juan Ramón Pérez, entre los miembros de la Comisión Provincial de Valoraciones que en abril dictaminó el justiprecio para la expropiación. Para ello, los afectados pidieron la identificación de todos los miembros que “llegó, pero yo no la he visto” y en ella, según comunicaron a Moya fuentes de la familia, “no habían sido identificados todos pero dentro de los que lo fueron estaba” el edil egabrense. “Si eso es verdad, es una monstruosidad” ya que “supone actuar como juez y parte en un procedimiento administrativo”, declaró el arquitecto quien recordó que en la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015 “se deja taxativamente claro que un funcionario no puede actuar nunca” de esta forma “y tiene obligación de abstenerse” en asuntos donde se encuentre involucrado, directa o indirectamente.