El Ayuntamiento de Lucena reduce a seis días el Periodo Medio de Pago a proveedores

Pérez y Bergillos durante la comparecencia (FOTO: cedida)
photo_camera Pérez y Bergillos durante la comparecencia (FOTO: cedida)

Los intereses de demora correspondientes al segundo trimestre rondan los 2.000 euros

LUCENA, 08/08/2017

Pérez y Bergillos durante la comparecencia (FOTO: cedida) Pérez y Bergillos durante la comparecencia (FOTO: cedida)[/caption]

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, junto con la concejal de Hacienda, Araceli Bergillos, han informado esta mañana del cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus entes dependientes del Periodo Medio de Pago (PMP) en el segundo trimestre. En esta información trimestral se da cuenta de varios parámetros. El primero es el PMP, el cual se ha acortado en 6,58 días, pasando de los 12,69 días del primer trimestre a los 6,11 días del segundo trimestre.

Bergillos ha destacado que “se trata de una cifra visiblemente inferior a la legalmente establecida”. Dicho periodo mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto al periodo legal de pago establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Los ayuntamientos disponen de un plazo máximo de 30 días para reconocer las facturas desde su entrada por registro y otros 30 días para realizar el pago (60 días en total). Por tanto, si el pago se produce en los 30 días posteriores a la entrada de la factura el PMP será negativo.

El segundo informe hace referencia a la morosidad. Este contempla los intereses de demora pagados en aquellas facturas que se han retrasado en más de 60 días desde su entrada. De los 2.652.683 euros que ha pagado el consistorio durante este segundo trimestre, sólo 2.038,60 euros corresponden con intereses de demora. Esta ley es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas a excepción de las que se realizan entre administraciones públicas. Igualmente, este determina la obligatoriedad de las corporaciones locales a elaborar y remitir al Ministerio de Economía y Hacienda un modelo normalizado de informe en la correspondiente aplicación informática a fin de homogeneizar el tratamiento para el territorio español.