Los jóvenes de 13 municipios cordobeses podrán realizar trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas sin tener que desplazarse hasta la capital
COMARCA, 03/05/2022
Los
menores infractores de 13 municipios de Córdoba podrán cumplir las medidas
judiciales que les impongan los juzgados de Menores en su propia localidad y
sin necesidad de desplazarse hasta la capital. Estos jóvenes podrán así
realizar trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas en su
entorno.
De
estos 13 convenios, nueve son nuevos acuerdos con municipios y cuatro de ellos
son adendas a anteriores. En concreto, estos nueve nuevos municipios son:
Villaralto, Añora, Torrecampo, La Grajuela, Montoro, Benamejí, Carcabuey, Nueva
Carteya e Hinojoso del Duque. Los cuatro que se renuevan son: San Sebastián de
los Ballesteros, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo y Cardeña.
La
delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la
Junta en Córdoba, Purificación Joyera, ha firmado esto acuerdos que ahora
deberán ser rubricados por los respectivo alcaldes y alcaldesas, y que
facilitarán que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan
internamiento de los menores, sean ejecutadas en servicios municipales.
De
esta forma, estos convenios permiten el desarrollo de trabajos en beneficio de
la comunidad o tareas socieducativas que llevarán a cabo estos jóvenes en
diferentes servicios de los consistorios como puedan ser culturales, educativos
o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales,
los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, y la pertinente
autorización judicial. Igualmente, los convenios incluyen el seguimiento de la
permanencia de fin de semana en el domicilio familiar por parte de la Policía
Local o, en su defecto, por otro personal funcionario que desempeñe estas
funciones.
El
objetivo es canalizar la cooperación y colaboración entre la administración
autonómica y las entidades locales para la ejecución de las medidas y la
intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto
con la sociedad, que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, la
colaboración institucional permite actuar en su entorno, lo que contribuye a
una intervención más eficaz para las personas menores y a la prevención de
conductas de riesgo en los propios municipios.
Como
administración competente en Justicia Juvenil, y tal y como recoge la Ley del
Menor, la consejería y
sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y
cumplimiento de estas medidas.
La
realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con los
ayuntamientos ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas
a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que
desarrolla la misma.