El alcalde de Cabra asume que desconocía el reglamento cuando envió a un edil como representante a la valoración de la Nave de Galisteo

Fernando Priego, alcalde de Cabra (FOTO: archivo)
photo_camera Fernando Priego, alcalde de Cabra (FOTO: archivo)

Los socialistas ya advirtieron de esta supuesta irregularidad en la anterior sesión plenaria, recibiendo la negativa del regidor

CABRA, 02/08/2017

Fernando Priego, alcalde de Cabra (FOTO: archivo) Fernando Priego, alcalde de Cabra (FOTO: archivo)[/caption]

La expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Cabra del inmueble ubicado en el número cinco de la avenida de Andalucía, conocido como Nave de Galisteo, para la construcción de la futura ronda urbana A-10 acumula un nuevo capítulo. En este caso, el producido en la pasada sesión plenaria del Consistorio, correspondiente al mes de julio, en la que el alcalde egabrense, el popular Fernando Priego, reconoció públicamente que “no tenía conocimiento” del artículo incluido en la normativa que regula la composición de las comisiones de valoraciones cuando nombró por decreto al edil de Obras, el también popular Juan Ramón Pérez, como representante de la entidad local en la reunión donde se fijó el justiprecio del inmueble.

Una situación que ya sacó a la luz en el pasado Pleno el grupo municipal socialista a través de su concejal Antonio Jesús Caballero quien, con el reglamento y el acta de dicha sesión en la mano, demostró que la representación del Consistorio debería haberse llevado a cabo por un técnico municipal o independiente, pero nunca por un cargo público. Algo que, entonces, fue negado por el regidor que, en este caso, sí dio la razón al concejal socialista.

Tras un detallado relato de todo cuanto ha acontecido en torno a este expediente, que fue tratado incluso en la Junta de Portavoces de la pasada semana, Priego también quiso dejar claro que la citación enviada por la Comisión Provincial de Valoración contenía un “error de forma” ya que “se omite en todo momento que el representante del Ayuntamiento tenga que ser un técnico”, a lo que hay que sumar que “ningún técnico jurídico de la casa me advierte de ello”. Algo que “tampoco se dijo el día de la comisión” permitiendo “la presencia y el voto” de Pérez “dándole carta de naturaleza de forma tácita” en la sesión.

Así las cosas, el regidor subrayó que “en ningún momento se hizo con mala fe” sino fruto de “una omisión” por parte de este organismo, aclarando que “no ha existido ningún interés espurio” tras esta decisión.

Ahora el caso está en manos de la justicia después de que la familia propietaria de la nave manifestara su desacuerdo tanto con el justiprecio acordado en la sesión como en la composición de la mesa, algo que podría devolver el proceso a la casilla de salida.