Durante un encuentro de trabajo mantenido por ambos responsables se han puesto sobre la mesa medidas para fijar la población al territorio
PROVINCIA, 18/02/2022
Los presidentes de la diputaciones de Córdoba y Huesca, Antonio Ruiz y Miguel Gracia, respectivamente, han mantenido hoy un encuentro en el que han abordado las principales necesidades del medio rural en la actualidad y cómo las instituciones provinciales son los organismos que dan una respuesta más rápida a las demandas planteadas por los ayuntamientos.
Trabajo, vivienda, proyectos sostenibles para el territorio,
movilidad y servicios, además de la educación y la sanidad, son los temas que
más preocupan al medio rural puesto que de ellos depende el presente y el
futuro de quienes ya viven o de quienes aspiran a vivir en un contexto rural.
Así lo han manifestado ambos representantes provinciales tras la reunión de
trabajo mantenida en el Palacio de la Merced.
Ruiz y Gracia han señalado, además, la relevancia de la
administración local en el día a día del medio rural y han argumentado que
desde las diputaciones se ha trabajado y se trabaja por dar respuesta a los
municipios, principalmente a los más pequeños.
“El reto es que los ciudadanos y ciudadanas accedan a los
servicios e infraestructuras en igualdad de condiciones con independencia de su
lugar de residencia; y la administración que se ha posicionado al lado de los
ayuntamientos ha sido la diputación”, han recalcado.
El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho
referencia a la responsabilidad asumida en materia de despoblación, “a
sabiendas de que la eficacia de las medidas será mayor si contamos con el
compromiso de todas las administraciones, pero también del sector privado,
fundamental a la hora de fijar la población al territorio”.
Según Ruiz, “ya en el ejercicio 2020 recogíamos más de 26
millones de euros en nuestro presupuesto, destinados de manera específica a la
lucha contra la despoblación y el desempleo”.
“Del mismo modo, en 2021 y 2022 se incrementan dichos
recursos, implementando un plan específico dotado con 15 millones el pasado año
y con 16 millones para el actual ejercicio y se refuerza, por ejemplo, el Plan
de Aldeas, hasta los 4 millones bianuales”, ha matizado Ruiz.
El máximo responsable de la institución provincial cordobesa
ha insistido en “la importancia de seguir apostando por la educación pública en
las escuelas rurales, por el transporte público, por la sanidad pública de
calidad o por la llegada de la fibra óptica a los pequeños municipios, acabando
así con al brecha digital”.
Para Ruiz, “este compromiso debe ir más allá y posicionarse
al lado de la agroindustria, convertida en principal motor económico de la
provincia; por el sector turístico, eficaz herramienta de diversificación de la
economía cordobesa, y por la industria, como garantía de futuro para la
generación de empleo y crecimiento”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Huesca ha
hecho referencia al tema de la movilidad y ha hecho alusión concreta a la
relevancia de que los fondos europeos “contemplen los muchos kilómetros que las
instituciones provinciales y los ayuntamientos han de atender para que los
ciudadanos y ciudadanas puedan seguir viviendo en el medio rural y además ir a
los centros de salud o centros educativos que se ubican en las ciudades o
localidades intermedias”.
Gracia ha añadido que “de esta forma se favorece la
sostenibilidad del territorio, buscando fórmulas que combinen la residencia en
un pueblo con la movilidad necesaria para determinados servicios”.
Ambos presidentes provinciales han coincidido en referirse a
paralizar la exclusión financiera que padecen los habitantes del medio rural
con la desaparición de los cajeros automáticos. En ambas diputaciones se
trabaja ya en fórmulas que permitan llevar este servicio a los pueblos.
En el encuentro celebrado durante esta mañana, aprovechando
la presencia del presidente de la Diputación de Huesca en la asamblea de la
Federación de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y
Embalses celebrada en Córdoba, también se ha hecho referencia a la necesidad de
seguir reivindicando que precisamente la riqueza que generan dichas
instalaciones e infraestructuras revierta en el territorio con compensaciones
que beneficien a sus municipios y, por ende, a sus vecinos y vecinas.